El IGC o índice de garantía de la competitividad será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y servirá para actualizar algunos precios de la administración pública. Tendrá en cuenta la inflación, que será corregida con la resta de la pérdida de competitividad desde la entrada en el euro. El índice IGC se realizará de la misma forma que el IPC. Con cestas con determinados bienes , pero tendrá como base el IPC de la eurozona. Este índice ha sido históricamente más bajo que el de España.
El principal objetivo por parte del Gobierno será la reducción de la inflación debido a la subida general de precios. Actualmemte el IPC se calcula con base a unas cestas que representan los bienes más representativos de nuestra economía. Pero no se diferencia entre ellos. Es decir que por ejemplo calculamos el IPC de los alimentos y la gasolina conjuntamente. Con este nuevo método podremos evitar la acumulación de la inflación en general y ajustar mucho más esos precios.
Por otro lado esta ley no se aplicará ni a las pensiones ni a los salarios del sector público o privado ni a los instrumentos financieros, sino solamente a precios, servicios y subsidios públicos. Sí afectará a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como administración de autopistas, peajes, la bombona de butano, metrobus, agua, telefonía, tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.
Esta norma comenzará a aplicarse para todos los nuevos contratos que se firmen.En el caso de los contratos de servicio público se establece la retroactividad de la norma, lo que implica que desde que entre en vigor la ley se comienza a aplicar a todos los acuerdos ya existentes, aunque se establecerá un tiempo para que se pueda cancelar el contrato. Fomentará la estabilidad de precios y una mejora de la competitividad. Se evitarán los llamados «efectos de segunda ronda» en la economía, algo que ha generado mucha inflación.
Aproximadamente unos 36.000 millones de euros son los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares. Si esta cantidad se desvincula del IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2%. También supone un ahorro de costes para las administraciones.
