El alumbrado público consumió el pasado año más de 3 millones de Megavatios de electricidad, del que un 95% correspondió a instalaciones municipales; el nuevo Reglamento del Gobierno permitirá disminuir su consumo de electricidad en algo más de un 30%, con una mejor aplicación de la luz a los espacios que realmente necesitan ser iluminados.
Sus principales objetivos son mejorar la eficiencia y el ahorro energético, y su consecuencia inmediata, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero; limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa, y reducir la luz intrusa o molesta.
La aprobación de este Reglamento se enmarca en la seis Líneas Estratégicas de lucha contra el cambio climático aprobadas por el Gobierno el pasado mes de julio, que comprende actuaciones de los nueve ministerios implicados. Tres de esas líneas tienen un claro contenido energético (movilidad, edificación y sostenibilidad energética).
El reglamento contiene 3 grandes líneas:
Fija niveles de iluminación en función del uso del espacio exterior (coches, peatones, etc.)
Caracteriza los espacios abiertos a efectos de la contaminación lumínica (oscuros, baja, media, alta)
Establece niveles mínimos de eficiencia energética, pero no atacando el producto (la lámpara) sino el diseño (número de lámparas por m2)
Afecta a todo el alumbrado exterior, limitando las emisiones luminosas hacia el cielo, salvo el festivo y navideño (en estos casos, sí se permite la iluminación genérica, pero limitando la potencia por metro cuadrado de calle).
Por otra parte, se quiere limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa. En este caso, los efectos son, fundamentalmente, de tipo medioambiental, contribuyendo a mejorar notablemente la apariencia del cielo, eliminando en gran medida las perturbaciones ocasionadas por el alumbrado exterior que son las causantes de interferencias en los sistemas de observación astrofísica, desorientación en aves nocturnas, etc.
